La ciudadanía, como usuaria de electricidad, ha pagado una gran parte. Antes de 2005, los costes de los residuos radiactivos procedentes de las nucleares se han recaudado en el recibo de electricidad y fueron pagados por los consumidores íntegramente. Entre 1985 y 2005 la cuantía llegó a 2.165 millones € en un periodo de 20 años[1]. El dinero se incorporaba a un Fondo para la Financiación de Actividades del Plan de Residuos Radiactivos que administra la empresa pública Enresa, creada para gestionar los desmantelamientos y los residuos radiactivos.
Cambió la situación partir de abril de 2005: los nuevos residuos generados desde esa fecha estaban ya a cargo de las nucleares en funcionamiento. Esto no afectaba a los acumulados, que seguían pagándose con el recibo eléctrico (R.D. Ley 5/2005). El procedimiento establecido fue una tasa en función de los kilowatioshora brutos generados por cada central. El valor de esa tasa era revisable en función de la estimación de recaudación necesaria para asegurar la gestión de los residuos. La tasa fue modificada mediante reales decretos en los años 2007, 2008 y 2009.
En 2010 se modificó el sistema (Ley 11/2009), es el marco legal vigente Se establecieron cuatro tasas para alimentar el Fondo de Residuos Radiactivos y cada tasa financia la gestión de un tipo concreto de residuos según su origen. En breve:
– Tasa de Peajes, un 0,001% sobre la recaudación de los peajes eléctricos en nuestro recibo de electricidad, dedicada a los residuos, desmantelamiento y clausura de centrales cerradas antes de 2010 (Vandellós I por accidente en 1989 y Zorita en 2006), también a los de minería. No es suficiente para cubrir esos gastos. Además, se extingue cuando cese la operación de las centrales.
– Tasa con cargo a las Nucleares en explotación, es una cantidad sobre la producción eléctrica de cada central. Antes del acuerdo de cierre era 6,67 €/MWh, desde 2024 es de 10,36 €/MWh. Su finalidad incluye la gestión de los residuos generados en las centrales nucleares en explotación antes de 2010. Es decir, todos los residuos de las centrales en funcionamiento ahora, con independencia de la fecha de su generación, y también los gastos correspondientes a su desmantelamiento y clausura. Es importante aclarar que la ley establece que el devengo, la obligación de pago de la tasa, será «el día último de cada mes natural durante el periodo de explotación de las centrales«. Es decir, los 10,36 €/MWh o cualquier valor que se establezca para esa tasa, no puede repartirse entre los años que se alargue la operación de una central. Si se genera electricidad hay obligación de pago. Y el valor de la tasa «será revisado para cada año mediante real decreto» (RDL 5/2005), es decir, el gobierno puede cambiarlo para que se ajuste a la evolución de costes de la gestión de residuos y el desmantelamiento.
– Tasa sobre la fabricación de elementos combustibles en la fábrica de Enusa en Juzbado: actualmente 1.449 € por tonelada de uranio.
– Tasa por la prestación de servicios relacionados con otras instalaciones (industrias, hospitales, investigación etc). Una cantidad prestablecida para cada tipo de residuo que recibe Enresa.
Estas dos últimas suponen una recaudación pequeña, la última es incluso deficitaria.
La TASA DE PEAJES se carga a los peajes de red del recibo de electricidad, por tanto, se factura a todos los consumidores. No escapa nadie que esté conectado al sistema de red eléctrica, aunque eligiera suministrarse con renovables. La ciudadanía sigue asumiendo la gestión de residuos y el desmantelamiento de centrales cerradas antes de 2010: Vandellós I y José Cabrera. También el déficit de financiación de fábricas de elementos combustibles y minas ya cerradas, e incluso un posible cese anticipado de una nuclear si se atribuyera a causa ajena a la voluntad del titular (como la central de Garoña, al final cerrada por orden gubernativa cinco años después de que la pararan sus propietarios). Esta Tasa de Peajes no es suficiente para financiar los costes que se le asignan. El déficit a 1 enero de 2024 es de 1.163 millones €; Si se pretendiera aumentar ingresos sería necesario multiplicar el valor de la tasa, lo que tendría un impacto directo en las facturas de electricidad.
Durante veintidós años (1983-2005), los consumidores de electricidad ya pagaron con un porcentaje de sus recibos buena parte del capital que ahora se está gastando en los residuos y desmantelamientos en curso. Debería ponerse fin a esta situación que contradice el principio de “el que contamina paga”. La prestación con cargo a peajes debe desaparecer y la recaudación pendiente tiene que ser incorporada en la aportación de las centrales nucleares en explotación.
Sobre la TASA A CENTRALES EN EXPLOTACIÓN, a veces denominada tasa Enresa o nuclear, hay que señalar que está ligada a su producción eléctrica y durante cualquier tipo de parada que haga una central: por incidencias, mantenimientos o por cuestiones de rentabilidad (como los casos recientes de Almaraz I y Cofrentes y más antiguo de Garoña) no hacen aportación al Fondo de residuos. En todo caso, una vez cierren las centrales se acaba su contribución. Como se ve, la tasa no garantiza que una central costee la gestión de todos sus residuos. Se puede argumentar que cuanto más tiempo y a mayor potencia estén operativas, mayor sería la aportación, pero también aumentaría la cantidad de residuos, y por tanto los costes de gestión.
En la ordenación actual, EL VALOR DE ESTA TASA ES LA ÚNICA HERRAMIENTA DISPONIBLE PARA QUE SE CUMPLA EL PRINCIPIO DE «EL QUE CONTAMINA PAGA» y los propietarios de las centrales se hagan cargo de sus obligaciones. Es la única contribución finalista, es decir dirigida al tratamiento de sus residuos, que se les exige a los productores nucleares.
La subida de la tasa a mediados de 2024, en un 30% respecto al valor establecido cinco años antes, en 2019, ha dado lugar a una campaña de quejas por la falta de rentabilidad de la electricidad nuclear. Los titulares de las centrales se quejan de que son asfixiados por los impuestos del gobierno. Pero es un dinero que se dedica exclusivamente al tratamiento de sus residuos radiactivos, tarea que habrá que seguir haciendo mucho después de que estas empresas hayan desaparecido. Es interesante señalar que esos impuestos han sido decididos por gobiernos anteriores (Ley 15/2012), de signo político diferente al actual, y también por comunidades autónomas cuyos dirigentes comparten la postura de las empresas nucleares.
La Ley 15/2012 regula tres impuestos:
- El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, 7% por el uso de la red de transporte y distribución. Aplicable a todas las instalaciones de generación (de todas las tecnologías).
- El impuesto sobre la producción de residuos radiactivos de la electricidad nuclear: Combustible nuclear gastado 2.190 €/Kg de metal pesado (el uranio y el plutonio); para residuos radiactivos de baja y media actividad de 6.000 €/m3; y de muy baja actividad de 1.000 €/m3.
- El impuesto sobre el almacenamiento: de combustible nuclear gastado 70 €/Kg de metal pesado; para otros residuos de alta actividad, o de media actividad y vida larga, 30.000 €/m3; Para residuos radiactivos de baja y media actividad de 10.000 €/m3; Y de muy baja actividad de 2.000 €/m3.
El primer impuesto es común a todo el sector eléctrico. Los dos siguientes se deben a las muchas externalidades de la tecnología de generación nuclear, según se explica en la ley. La única contribución directa para la gestión de los residuos radiactivos que han producido y siguen generando los siete reactores nucleares en funcionamiento es la tasa Enresa.
El problema con que se encuentra la energía nuclear es que solo es rentable con precios altos de la electricidad y no se adapta a la transición energética que se ha iniciado. No es competitiva en un mercado liberalizado y necesita que el gobierno la apoye. Pretenden que se subvencione la energía nuclear mediante una rebaja de impuestos y de la tasa para la gestión de sus residuos. Esto pone en riesgo la financiación para esa tarea, porque, no podemos dejar de insistir, a partir del cierre no hay ninguna normativa por la que el Fondo de Residuos Radiactivos pueda recibir más ingresos de los productores de residuos.
Tras meses de campañas y de amagos, en noviembre de 2025, las empresas eléctricas propietarias de Almaraz presentaron al Ministerio de Transición Ecológica la solicitud de renovación de la autorización de operación de los dos reactores, pero sólo hasta 2030. Además, lo hacen sin condicionar la reducción de tasas o impuestos, sin duda para evitar el inmediato rechazo del gobierno. Seguramente puedan contar con la reducción gradual de la ecotasa extremeña, hasta un 50% en 2029, lo que ya sería un regalo de unos 40 millones € por año. En consecuencia, habría 6 contenedores de residuos de muy alta actividad más para almacenar en el ATI extremeño.
Que se pida una prolongación breve, de dos años para Almaraz I y tres para Almaraz II resulta en principio extraño. Pero, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Plan de Residuos y el Plan Integral de Energía y Clima en 2030 han de cerrar Ascó I y Cofrentes, se entiende que buscan romper el plan de cierre escalonado de plantas nucleares forzando una situación que puede ser problemática para el suministro eléctrico y para los planes de desmantelamiento de esos cuatro grandes reactores (unos 1.000 MW). Esa situación supondría un gran esfuerzo industrial, económico, de planificación del proceso a medida de cada central y de personal especializado. Se trata de tareas como la descarga de los núcleos, disponer de contenedores para vaciar las piscinas y transportarlos hasta los ATIs,etc. La empresa pública a cargo de los desmantelamientos, Enresa, será la responsable de las centrales cuando sus planes reciban la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear, examen que con seguridad también requerirá tiempo (sólo para el cierre de Almaraz I el CSN estimó que necesitarían dos años). En esa situación sería más fácil forzar el alargamiento de todo el parque nuclear y conseguir las subvenciones fiscales que vienen exigiendo.
El Ministerio de Transición Ecológica, el gobierno, tiene capacidad legal para no autorizar la prórroga de Almaraz porque obstaculiza la realización de su política energética. Hay un precedente que avala esta facultad: fue lo que ocurrió en 2017 con el cierre de Garoña. La central presentó la petición para prolongar su funcionamiento y el entonces ministro de Industria del gobierno Rajoy, Alvaro Nadal, denegó la solicitud de autorización de explotación con los siguientes tres argumentos (orden ETU/754/2017):
1- « el Gobierno tiene previsto aprobar un Plan Integral de Energía y Clima … Esta situación hace patente la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las centrales nucleares …. se adopten teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación, que se encuentra pendiente de elaboración.»
2- » … la falta de producción de energía eléctrica de esta central no ha tenido repercusión significativa en el suministro eléctrico …»
3- » … que la continuidad de la central nuclear de Santa María de GAROÑA no resulta necesaria para la provisión de energía eléctrica en las condiciones de seguridad de suministro, medioambientales y de precio que el Gobierno, en el ejercicio de su actividad de planificación y definición del «mix» energético, considera apropiadas.»
Este razonamiento también es aplicable en 2025 con un Plan Integral de Energía y Clima ya en marcha.
El Ministerio requirió un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como es obligatorio para dar una respuesta positiva a la solicitud de Almaraz, pero en cualquier momento tiene la facultad de denegarla, con el mismo razonamiento que se hizo en 2017. Aunque el informe del CSN fuese favorable a la prórroga de la central como, por cierto, lo fue en el caso de Garoña, el Ministerio de Transición Ecológica puede decir NO a la prórroga de los reactores de Almaraz.
REFERENCIAS:
[1] 6º Plan General de Residuos Radiactivos, 2006, Cuadro D6 y D3 pag.163; Combustible gastado 1.399,7; RBMA 583,4; Clausura Vandellós1 182,4 Mill € = 2.165,5 Mill € de 1985 a 31 dic 2005
Este artículo forma parte de una serie de publicaciones donde exponemos por qué decimos NO a la energía nuclear. Os animamos a leerlas para conocer la visión completa de nuestra oposición a la energía nuclear.