Compartimos 2 artículos publicados en la revista Ecologista (números 124 y 125, correspondientes a finales de 2025 y marzo de 2026), escritos por Cristina Rois, miembro del Movimiento Ibérico Antinuclear, Ecologistas en Acción y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
A medida que se acercan las fechas del cierre ordenado del parque nuclear español (pactado voluntariamente en 2019), el sector eléctrico ha iniciado una intensa ofensiva política y mediática para prolongar la vida de las centrales, utilizando a Almaraz como punta de lanza.
Entre los puntos más relevantes de estos textos destacamos:
- Estrategia de prórroga: Las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han solicitado formalmente extender la operación de Almaraz I y II hasta 2030. Esta petición es una maniobra para romper el calendario escalonado de cierres y forzar una situación de presión política ante las elecciones de 2027.
- Impacto en las renovables: El mantenimiento de la potencia nuclear actúa como un freno para la transición energética. La saturación de la red por la central de Almaraz impide la evacuación de energía solar en Extremadura (llegando a perderse hasta un 30% de la producción renovable) y desincentiva nuevas inversiones.
- Consecuencias económicas y climáticas: Retrasar el cierre de Almaraz podría encarecer la factura eléctrica hasta en 3.831 millones de euros y aumentar significativamente las emisiones de CO2 debido a la menor penetración de renovables y almacenamiento.
- Falacias del sector: El análisis desmonta argumentos sobre la «soberanía energética» (el 83% del combustible nuclear procede de la órbita rusa) y la supuesta necesidad de la nuclear para la estabilidad de la red, algo que las propias empresas han reconocido como limitado ante el Ministerio.
- Realidad socioeconómica: Se desmiente que la central sea el motor económico de la comarca del Campo Arañuelo, señalando que, tras 44 años de operación, la provincia de Cáceres mantiene tasas de paro muy superiores a la media nacional y no ha desarrollado un tejido industrial diversificado.
En definitiva, ambos artículos subrayan que el Gobierno tiene la competencia legal para cumplir con el PNIEC y denegar las prórrogas, priorizando un modelo energético 100% renovable, seguro y más barato para el consumidor.
Ecologista57-_OfensivaNuclear_Mar2026