- La red rechaza subsidios fósiles como la rebaja del IVA, el impuesto especial y las ayudas directas al gas o a carburantes profesionales, y pide en su lugar ayudas directas a los sectores afectados vinculadas a su descarbonización.
- La red Gas no es Solución denuncia que el Gobierno ha aprovechado el paquete anticrisis para impulsar un modelo exportador de hidrógeno verde que, lejos de fortalecer la industria española, resta competitividad a la cadena de valor local y vacía de empleo verde los territorios productores.
La red Gas no es Solución, que agrupa a más de 20 organizaciones ecologistas y de la sociedad civil, valora como necesaria la respuesta del Gobierno ante el previsible impacto económico y social derivado de la escalada del conflicto en Irán tras el ataque de Israel y EE.UU. del 28 de marzo, y su efecto sobre los precios de la energía. Algunas de las medidas anunciadas “van en la buena dirección al priorizar la protección de los consumidores más vulnerables y contener la inflación energética gracias al avance de las renovables”. No obstante, la red considera que este paquete debe reforzarse y orientarse con mayor claridad hacia soluciones estructurales que reduzcan de forma permanente la exposición del Estado español a la volatilidad de los combustibles fósiles. «Depender de los combustibles fósiles nos hace vulnerables a las tensiones geopolíticas. En lugar de parches ante situaciones excepcionales, debemos avanzar en medidas estructurales como la planificación energética, la auditoría de costes o la tarifa social», señalan.
La red celebra la ampliación de mecanismos de protección social para evitar la vulnerabilidad energética, y considera que la eliminación del IVPEE y el IEE debería consolidarse como medida permanente para la producción renovable, como oportunidad para visibilizar la grave dependencia energética del país. Mantener este gravamen sobre la producción con gas, cogeneración y nuclear enviaría una señal clara hacia la descarbonización, fomentando mayor capacidad renovable en el mix energético. También se valora positivamente la ampliación de ayudas directas y la limitación de precios en determinados suministros de forma puntual.
En cambio, la reducción del IVA al 10% para todos los suministros energéticos, sin distinguir por tipo de producción ni por nivel de renta, no se considera una buena decisión: fomenta el consumo fósil y no beneficia especialmente a quienes más lo necesitan. La lección de la crisis del gas por la guerra de Ucrania es clara: según el Banco de España, el 80% de las ayudas se destinó a medidas generalistas que no llegaron a los más vulnerables, sino que premiaron a quienes más contaminan. Del mismo modo, las ayudas directas fósiles, como los 20 céntimos por litro al carburante o las ayudas a fertilizantes fabricados con gas, perpetúan el consumo fósil; en su lugar deberían impulsarse medidas orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
La red exige que estas medidas garanticen de forma permanente: la prohibición efectiva de cortes de suministro de energía y agua a consumidores vulnerables, no solo a los beneficiarios del bono social, la aplicación automática de ayudas para eliminar barreras administrativas, y el establecimiento de un mínimo energético vital que asegure el acceso básico a la energía como derecho esencial.
Se valora positivamente la posible reactivación del tope al gas, siempre que se diseñe para corregir distorsiones estructurales del mercado eléctrico: desligar el precio de las energías renovables e inframarginales del coste del gas, evitar beneficios extraordinarios injustificados en el sector energético y establecer mecanismos fiscales que permitan redistribuir estos beneficios en favor de la ciudadanía.
Respecto al biometano, la red celebra su exclusión del sector del transporte, pero advierte de que su impulso está generando fuerte oposición ciudadana. «El biogás y el biometano tienen sentido para el autoconsumo y la descarbonización local, priorizando industrias de alta temperatura que no tengan otra alternativa. Pero no pueden considerarse en ningún caso una solución sostenible para dar continuidad al suministro gasista doméstico, ya que no se puede garantizar que cubra la demanda ni que su elevado coste de producción compense su capacidad de proporcionarnos independencia energética frente a otras fuentes renovables», señalan.
En cuanto al hidrógeno verde, la red lamenta que se haya aprovechado este paquete para impulsar un modelo exportador, como el H2Med, que resta competitividad a la cadena de valor local. «Debe priorizarse la descarbonización de las industrias locales, manteniendo la integridad de la cadena de valor, para generar un ecosistema industrial fuerte con empleos locales verdes. Los proyectos de hidrógeno renovable deben alinearse con las necesidades y capacidades de los territorios donde se implanten, con una planificación clara que defina dónde producir hidrógeno renovable y qué usos son viables y prioritarios», afirman. Esta nueva crisis energética pone de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad del modelo energético basado en combustibles fósiles importados. Por ello, la red insta al Gobierno a aprovechar este contexto para plantear un plan de reducción del consumo energético, acelerar el despliegue de energías renovables justas con el territorio, impulsar la electrificación de la economía, disminuir la dependencia gasista y fortalecer la soberanía energética del país.