- Ante el aumento del precio de los combustibles derivado de la guerra de Israel, EEUU e Irán
- El Plan Social para el Clima habría ayudado a mitigar este impacto, pero estas organizaciones denuncian el gran retraso que el Gobierno acumula en su elaboración y piden su presentación inmediata
Más de 25 organizaciones de la sociedad civil solicitan consenso político urgente para aprobar medidas que protejan a las personas y empresas más vulnerables en los sectores del transporte por carretera y los edificios, ante el aumento del precio de los combustibles causado por la guerra regional entre Israel, EEUU e Irán.
España enfrenta esta crisis sin haber puesto en marcha el Plan Social para el Clima, para cuya aplicación está previsto destinar unos 9.000 millones de euros (75 % fondos europeos, 25 % propios) y cuya elaboración es una obligación establecida por el Reglamento (UE) 2023/955 por el que se aprueba el Fondo Social para el Clima (FSC). Este fondo europeo, dotado con 65.000 millones de euros para el periodo 2026-2032, busca minimizar el impacto del alza de precios de los combustibles en los hogares y empresas más vulnerables.
“Pedimos a todas las fuerzas políticas que alcancen rápidamente un consenso que permita la introducción, en el paquete anti crisis, de medidas de protección de los usuarios y microempresas vulnerables en el sector del transporte por carretera y en el de los edificios, coherentes con el reglamento del Fondo Social para el Clima, y para que se apruebe cuanto antes el Plan Social para el Clima”, señalan desde las organizaciones.
El FSC está pensado para financiar la renovación de viviendas, la adopción de tecnologías eficientes, energías renovables y promover el transporte y la movilidad sostenible. Sus inversiones incluyen: a) eficiencia energética y renovación de edificios; b) transporte con bajas o cero emisiones; y c) ayudas temporales directas a los ingresos de los hogares vulnerables.
“Si un Plan Social para el Clima, con un conjunto de medidas correctamente alineadas con lo dispuesto en el reglamento europeo, hubiera estado ya en marcha en España, habríamos estado mucho mejor preparados para evitar que el aumento del precio de los combustibles provocado por la guerra de Irán hiciera daño a los usuarios más vulnerables”, afirman desde las organizaciones.
Disponer de dicho plan ayudaría a reducir la dependencia de los combustibles fósiles de muchas personas y empresas vulnerables, lo que se traduciría en una mayor seguridad e independencia energética frente a incrementos de los precios como los que vivimos actualmente derivados de la inestabilidad geopolítica global actual.
Propuestas
En el ámbito del transporte, teniendo en cuenta las medidas que las organizaciones consideran que deberían incluirse en el Plan Social para el Clima, se proponen una serie de medidas para atender a las personas y empresas más vulnerables, entre otras, las siguientes:
1.- Abono especial para usuarios vulnerables para el uso del transporte público colectivo urbano, metropolitano e interurbano (este último en cortas y medias distancias). Se incluiría la gratuidad o descuentos para usar la bici eléctrica compartida/pública.
2.- Movilidad compartida (al trabajo o para acceso a servicios públicos: hospitales, etc.). Esta medida Incluye:
2.1.- Car sharing (sólo para vehículos eléctricos puros a batería, BEV), servicio ofrecido en zonas rurales por los ayuntamientos (directamente o a través de empresas privada
2.2.- Transporte a demanda con vehículos turismo de transporte discrecional con conductor (taxi, VTC). Sólo se aplicaría en zonas rurales.
2..3.- Car pooling (con vehículos de particulares)
3.- Leasing social (sólo con vehículos eléctricos puros a batería, BEV) para facilitar el acceso de las personas a vehículos eléctricos a batería
4.- Ayudas a la compra de vehículos eléctricos, incluidos ciclos de batería (BEV) nuevos y de segunda mano. Medida destinada a transportistas y profesionales no transportistas que necesiten de un vehículo para ejercer su trabajo y que puedan calificarse de vulnerables.
En este ámbito, las organizaciones piden que no se vuelvan a implementar medidas contrarias a los objetivos y compromisos europeos y nacionales, y al uso adecuado del dinero público como, por ejemplo, la reducción del impuesto a los carburantes y la bonificación del precio del diésel y la gasolina.
NOTAS
La “Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte” está compuesta por las siguientes 27 entidades (en orden alfabético): Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Amigos de la Tierra, Comisiones Obreras (CC.OO.), Consejo de la Juventud de España (CJE), ConBici, Demos Lab, European Anti Poverty Network (EAPN-ES), Ecologistas en Acción, Ecounion, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Foro de Acción Rural, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Mobilitat Sostenible y Segura, Fundación Renovables, Greenpeace, Oxfam-Intermón, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Promoció del Transport Public (PTP), Renovem-nos, Revo, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), SEO/BirdLife, Transport & Environment (T&E), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
Sobre el Fondo Social para el Clima y el Plan Social para el Clima
- El FSC contará con 65.000 millones de euros para el periodo 2026-2032. A España le corresponde un 10,52% de esa cantidad. Además, los Estados miembros de la UE tienen la obligación de contribuir, con cargo a sus propios presupuestos, con un mínimo adicional del 25% del importe que le corresponda. En total, el Fondo Social para el Clima en España contará con alrededor de 9.000 millones de euros.
- El Gobierno debería haber sacado su borrador de Plan Social para el Clima a información pública hace meses y, tras ello, enviado el borrador a la Comisión Europea a finales de junio de 2025, cosa que no ha sucedido.
- El proceso de elaboración del Plan Social para el Clima, está liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con la participación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).