La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético aplaude la intención del gobierno municipal de Madrid de incluir en la nueva ordenanza de terrazas de hostelería y restauración la prohibición de las estufas de gas. No obstante, esta norma debería incluir también a las estufas eléctricas y su prohibición debería ser inmediata cuando entre en vigor la ordenanza municipal, y no en el plazo de dos años que está previsto.
Si consideramos que las estufas de gas butano de las terrazas emiten 2,4 kg de CO2 cada hora, que puede haber en torno a 3.000 terrazas en Madrid de este tipo y que cada una puede tener 3 estufas y 8 horas diarias de funcionamiento, las emisiones anuales podrían estar en torno a las 17.000 tn de CO2. No es una cantidad pequeña si consideramos, además, que la capacidad de estas estufas al aire libre de proporcionar un cierto confort térmico solo se produce cuando los clientes se encuentran muy próximos a ellas.
Si tenemos en cuenta que actualmente estamos en una situación de emergencia climática, que hay que hacer una transición energética rápida hacia las energías renovables y que estas no están exentas de problemas ambientales y territoriales, la primera medida que hay que adoptar es el ahorro energético. Desde esta perspectiva es necesario regular y limitar todas las actividades que supongan un claro despilfarro energético.
La prohibición de las estufas al aire libre debería incluir también a las eléctricas porque, aunque no emiten gases de efecto invernadero “in situ”, la electricidad aún se genera en un 35-40% con combustibles fósiles y, por tanto, también son emisoras de CO2.
Las medidas orientadas a limitar este tipo de despilfarro energético deberían establecerse también en el ámbito estatal. De hecho, el Código Técnico de la Edificación (CTE) prohíbe la calefacción en espacios abiertos de los edificios, salvo que sea con energías renovables, pero esta norma no afecta a las terrazas de los bares. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pide que se consideren estas limitaciones en normativa estatal y, en cualquier caso, en todos los ayuntamientos a través de ordenanzas municipales.